La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevó a cabo este jueves un amplio operativo en las sedes de Tubos Reunidos, ubicadas en Amurrio y Bilbao, en el marco de la investigación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre la presunta red de influencias articulada alrededor de Leire Díez y del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
De forma simultánea, los agentes irrumpieron en las oficinas de la SEPI en Madrid para requerir documentación relacionada con el rescate público concedido a la compañía vasca.
Según fuentes jurídicas citadas por Vozpópuli, los investigadores tratan de esclarecer si la ayuda estatal —valorada en 112,8 millones de euros— pudo verse favorecida por gestiones realizadas por personas vinculadas a la trama. Los documentos incorporados al sumario apuntan a contactos, reuniones y actuaciones destinadas a desbloquear la operación cuando su tramitación atravesaba dificultades.
En esos movimientos aparecen los nombres de Leire Díez, del empresario Antxon Alonso, del exresponsable de la SEPI Vicente Fernández y del propio Cerdán.
La UCO no solo analiza el proceso que culminó con la concesión del rescate, sino también operaciones patrimoniales posteriores. Los agentes sospechan que parte de los fondos públicos podría haber terminado vinculada al circuito económico de la red investigada. Por ello buscan contratos, correos electrónicos, informes societarios y comunicaciones internas que permitan seguir el rastro del dinero y determinar si se produjeron desvíos irregulares.
El sumario también recoge una reunión celebrada a finales de 2024 en la sede federal del PSOE entre Cerdán, Díez y representantes de Tubos Reunidos, un encuentro que los investigadores consideran relevante para reconstruir la secuencia de gestiones en favor de la empresa. Mientras tanto, la compañía atraviesa una situación crítica, inmersa en un procedimiento concursal por problemas de liquidez y elevada carga financiera.
Con los registros de este jueves, la Audiencia Nacional busca determinar si las decisiones administrativas y financieras relacionadas con Tubos Reunidos respondieron únicamente a necesidades empresariales o si fueron utilizadas para canalizar recursos hacia la estructura investigada en el denominado caso de la trama de Leire Díez.
