La investigación sobre las llamadas cloacas del PSOE ha dado un nuevo giro tras la publicación de Artículo 14, que ha accedido al Boletín Oficial interno de la Guardia Civil, que dirige Mercedes González. Ha confirmado que en abril de 2025 se publicó una plaza en la Embajada de España en Roma destinada a un comandante del cuerpo. Según el testimonio del propio Rubén Villalba, agente imputado en el caso Koldo, esa plaza habría sido diseñada expresamente para él, en un intento de “resarcirle” y mejorar su situación profesional.
Villalba declaró que Leire Díez, considerada por la UCO como la “fontanera” del PSOE, le ofreció recuperar su reputación y acceder a un puesto como asesor de la directora general, e incluso un destino en el extranjero. El comandante aseguró que la plaza en Roma se publicó con el visto bueno de la directora general, Mercedes González, aunque finalmente no se materializó por el “coste reputacional” que podría suponer.
La versión de Villalba coincide con la de Francisco Ortega, empleado de Correos que colaboraba con Díez, y con los mensajes volcados del teléfono de la propia fontanera, donde se mencionan reuniones con González y conversaciones sobre cómo “colocar” al comandante. Estos elementos refuerzan la tesis de que existió una estrategia para premiar a Villalba a cambio de información contra la UCO, que investigaba la trama Koldo.
Sin embargo, Mercedes González sostiene lo contrario. En un comunicado reciente, afirmó que solo mantuvo dos reuniones breves con Díez, fuera de la sede central y sobre asuntos ajenos al cuerpo. Aseguró además que rechazó de plano cualquier petición relacionada con el retorno de Villalba a un destino oficial, recordando que estaba apartado por su implicación judicial.
La contradicción entre el comunicado de González y los documentos internos, testimonios y mensajes analizados por los investigadores ha abierto un nuevo frente político y mediático. La publicación de la plaza en Roma —confirmada por Artículo 14— cuestiona la credibilidad de la directora general y alimenta las sospechas sobre una posible red de favores y presiones dentro de la Guardia Civil vinculada al entorno de Ferraz.
La causa continúa ampliándose y amenaza con implicar a más altos cargos, mientras los investigadores revisan nuevas comunicaciones que podrían esclarecer hasta dónde llegó la intervención política en la gestión del caso Koldo.
