El Tribunal Supremo ha emitido un informe desfavorable a la concesión del indulto al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El alto tribunal considera que los hechos por los que fue condenado, revelación de secretos, fueron especialmente graves y han afectado de forma importante a la institucionalidad del Ministerio Público.
No obstante, 3l rechazo del Supremo no impide que prospere el indulto, ya que corresponde en última instancia al Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, y debe ser ratificado por el Rey mediante real decreto. El tribunal remitirá su informe a la presidenta del Supremo, Isabel Perelló, para que lo traslade al Ministerio de Justicia.
La petición de indulto fue presentada por dos particulares y tramitada por el Gobierno, que solicitó el preceptivo informe al tribunal sentenciador. En el procedimiento también deben ser oídas la Fiscalía y la parte agraviada.
García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos por filtrar correos electrónicos intercambiados entre la Fiscalía de Madrid y el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El objetivo de la filtración, según la sentencia, era facilitar un pacto para que González Amador reconociera sus delitos fiscales.
En su informe, la Sala Penal del Supremo subraya que “los hechos fueron graves” y que produjeron “una afectación importante de la institucionalidad del Ministerio Público” por la relevancia de su función como promotor de la justicia, garante de la independencia judicial y protector de los derechos de los ciudadanos.
Los magistrados añaden que “la contravención de la norma referida al mantenimiento del secreto y confidencialidad de sus actuaciones es un hecho grave” que debe ejecutarse, a pesar de la escasa relevancia de la consecuencia jurídica.
Este caso ha generado una fuerte polémica política y judicial. La oposición ha criticado duramente cualquier posibilidad de indulto, considerándolo un intento de protección al exfiscal general, mientras que fuentes del Gobierno han defendido la tramitación ordinaria del procedimiento. La decisión final del Ejecutivo se espera en las próximas semanas y será publicada en el Boletín Oficial del Estado.
El caso de García Ortiz se suma a las tensiones entre el poder político y el judicial, en un momento en el que persisten debates sobre la independencia del Ministerio Público y la aplicación de medidas de gracia.
