El papa León XIV volvió hoy a pedir a Europa una actitud “más generosa y valiente” ante la inmigración, reclamando a los gobiernos que “no cedan al miedo” y que mantengan abiertas las puertas a quienes buscan un futuro mejor.
Sus palabras, pronunciadas durante una intervención pública, han reavivado el debate sobre la coherencia entre el discurso moral del pontífice y la práctica jurídica del Estado de la Ciudad del Vaticano, cuyas normas migratorias son de las más duras del continente.
Mientras el Papa apelaba a la “responsabilidad histórica” de Europa, según recoge ABC, instando a los países a realizar un “examen de conciencia” por su gestión de los flujos migratorios—, diversos expertos recordaban que el Vaticano mantiene un régimen de acceso extremadamente restrictivo.
Un decreto vigente, revelado por Libertad Digital, establece penas de prisión de uno a cuatro años y multas de hasta 25.000 euros para cualquier persona que entre ilegalmente en el territorio vaticano mediante “violencia, amenazas o engaño”. Además, quienes lo hagan quedan prohibidos de volver durante 15 años.
El documento también contempla agravantes si el acceso irregular se produce con armas, sustancias peligrosas o mediante la evasión de controles fronterizos. Incluso el espacio aéreo está blindado: sobrevolarlo sin autorización —incluidos drones— puede acarrear hasta tres años de cárcel.
Este contraste entre el mensaje pastoral y la normativa interna ha alimentado críticas desde sectores políticos y sociales que acusan al pontífice de exigir a Europa lo que no aplica en su propio Estado. Para sus defensores, en cambio, la legislación vaticana responde a razones de seguridad específicas de un microestado, mientras que el Papa habla desde una perspectiva moral universal.
El debate, lejos de apagarse, vuelve a intensificarse cada vez que el pontífice aborda la cuestión migratoria. Y las palabras de hoy, en plena crisis europea por la presión en las fronteras, prometen reavivar la discusión sobre la distancia entre el ideal y la práctica.
