Expertos en migración y demografía han lanzado una seria advertencia: el proceso de regularización masiva impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez podría llevar al colapso de los servicios básicos en España. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a los que ha tenido acceso ABC, más de 900.000 inmigrantes irregulares han presentado ya su solicitud, casi el doble de los 500.000 inicialmente previstos.
Esta avalancha, procedente en gran medida de países de África subsahariana, Magreb y América Latina, genera una presión insostenible sobre vivienda, sanidad y educación. "Estamos ante un escenario de saturación real", afirman especialistas consultados. En sanidad, las listas de espera ya desbordadas se verán agravadas por la llegada de cientos de miles de nuevos usuarios con derecho a asistencia gratuita. En educación, colegios e institutos públicos, especialmente en regiones como Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia, enfrentan un aumento exponencial de alumnos que complica la atención y baja el nivel general.
La vivienda es otro punto crítico. Con un mercado ya tensionado y precios disparados, la demanda adicional de pisos y alquileres sociales provocará más exclusión de los españoles, especialmente jóvenes y familias autóctonas. Expertos advierten también de un mayor coste para la Seguridad Social y un impacto en las pensiones y prestaciones.
El Gobierno, a través de la ministra Elma Saiz, minimiza el problema y defiende la regularización como una medida de "integración". Sin embargo, voces críticas señalan que esta política actúa como un imán migratorio, incentivando más llegadas irregulares a través de pateras y mafias. Mientras los españoles sufren colas interminables en ambulatorios, aulas masificadas y dificultades para acceder a una vivienda digna, el Ejecutivo prioriza a quienes entraron ilegalmente.
Este descontrol migratorio no solo pone en riesgo la cohesión social, sino que amenaza la viabilidad misma del Estado de Bienestar. Urge un cambio radical: cierre efectivo de fronteras, deportaciones y prioridad absoluta a los nacionales. De lo contrario, el colapso no será una advertencia, sino una realidad inminente.
