Con menos parados registrados, el Estado gasta más que nunca en subsidios por desempleo en España. Muchos hablan de la “gran estafa de los fijos discontinuos de Yolanda Díaz”.
A pesar de que el Gobierno de Pedro Sánchez presume de que el paro registrado ha bajado, la realidad es muy distinta: el Estado de España está pagando más dinero anual en subsidios y prestaciones por desempleo que nunca.
Esta contradicción, que pone en jaque la supuesta “creación de empleo de calidad”, se explica en gran medida por la opacidad deliberada en torno a los contratos fijos discontinuos, la joya de la corona de la reforma laboral de Yolanda Díaz.
Más de tres años después de su implantación, el Ministerio de Trabajo sigue ocultando datos clave sobre estos contratos, tal y como denuncia el Partido Popular en el Congreso. Así lo recoge ABC.
Se trata de una figura que permite a las empresas tener trabajadores “fijos” pero sin garantizarles jornadas estables, lo que genera intermitencia, inseguridad y dependencia de las prestaciones públicas entre periodo y periodo de actividad.
Según fuentes consultadas, esta manipulación estadística ha permitido al Ejecutivo inflar las cifras de ocupados mientras miles de españoles entran y salen continuamente del sistema de protección por desempleo. El resultado es claro: aunque el paro oficial desciende, el gasto en subsidios se dispara, aumentando la carga sobre las cuentas públicas y sobre los contribuyentes españoles que sí trabajan de forma estable.
Esta falta de transparencia no es casual. Yolanda Díaz se comprometió a publicar datos detallados y, tres años después, continúa escondiendo la verdadera foto de la precariedad laboral que ha generado su reforma. El PP ha registrado una batería de preguntas parlamentarias exigiendo claridad, pero el Gobierno prefiere mantener la cortina de humo.
Mientras tanto, las familias españolas sufren: más gasto en paro, más impuestos y menos empleo real y estable. La reforma laboral de Sánchez y Díaz, lejos de dignificar el trabajo, ha creado un ejército de trabajadores intermitentes que dependen del Estado, aumentando el clientelismo y hundiendo la productividad. Urge acabar con esta ficción estadística y devolver la seriedad a las políticas de empleo.
