La Audiencia Nacional vivió este jueves una escena digna de tragicomedia política. El abogado Jacobo Teijelo, defensor de Santos Cerdán, compareció como imputado en el llamado caso de las cloacas del PSOE y terminó ofreciendo una versión que mezcla asesoría jurídica con psicología emocional.
Según declaró, el partido de Pedro Sánchez le contrató para realizar un “análisis sentimental de los comportamientos judiciales” en causas tan delicadas como el caso Koldo, donde se investigan comisiones ilegales y tráfico de influencias. Una definición que, más que técnica, parece salida de un manual de autoayuda para políticos en apuros.
Teijelo confirmó, como recoge La Razón, que Ferraz le abonó tres facturas por sus servicios, aunque las dos últimas —por valor de 53.000 euros— fueron devueltas por “incompatibilidad” tras la intervención de la gerente socialista Ana María Fuentes, también investigada.
En total, el abogado habría recibido 125.000 euros por sus trabajos, entre ellos el intento de buscar la nulidad de causas sobre hidrocarburos y otras operaciones judiciales que afectaban a dirigentes del PSOE. El penalista lamentó que “se esté persiguiendo a los abogados del Partido Socialista”, como si la imputación fuera una cuestión de sensibilidad profesional y no de presunta connivencia con una trama para desactivar investigaciones incómodas.
Durante su declaración, Teijelo admitió haber acudido a reuniones en la sede de la Fiscalía General del Estado con Diego Villafañe, mano derecha del fiscal general Álvaro García Ortiz, aunque se negó a revelar el contenido de las conversaciones alegando secreto profesional. Negó, eso sí, haber presentado a Leire Díez —otra de las investigadas— como miembro de su despacho, pese a que Villafañe sostiene lo contrario.
Fuentes presentes en la comparecencia describen al abogado como “correoso, tenso y desagradable”, invocando constantemente la confidencialidad de sus clientes y denunciando una supuesta vulneración del derecho a la defensa. Sin embargo, su discurso deja entrever una estrategia más política que jurídica: convertir la imputación en una cruzada moral contra quienes investigan al entorno socialista.
Teijelo, que también representa al capitán de la UCO Juan Sánchez Yepes, procesado en el caso Gaslow, parece empeñado en demostrar que el PSOE no solo necesita abogados, sino terapeutas judiciales. Porque en Ferraz, según su propio relato, los problemas legales se analizan con el corazón.
