El Gobierno de Sánchez ordena derribar el monumento a Franco en Tenerife y borrar otros vestigios históricos

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, bajo el mando del Gobierno de Pedro Sánchez, ha ordenado la retirada inmediata del emblemático Monumento a la Victoria en Santa Cruz de Tenerife, junto a otros tres vestigios franquistas en Majadahonda (Madrid), Murcia y Almería. Esta nueva ofensiva contra la memoria histórica de España demuestra, una vez más, la fijación enfermiza de la izquierda por reescribir el pasado mientras ignora el presente caótico de un país asfixiado por la delincuencia importada, la crisis económica y la pérdida de soberanía.

El monumento de Tenerife, inaugurado en 1964, conmemora la Victoria en la Guerra Civil y la figura de Francisco Franco. Según el Ejecutivo, exalta «la cruzada salvadora» y el régimen surgido del alzamiento de 1936.

Demolición inmediata

Lejos de ser un simple símbolo, representa para millones de españoles el recuerdo de un periodo de reconstrucción nacional tras la tragedia fratricida. El Gobierno, en su afán revisionista, ha determinado que no tiene valor artístico ni patrimonial suficiente para ser resignificado, ignorando el sentir de muchos canarios y el rechazo previo del pleno municipal de Santa Cruz, donde Coalición Canaria, PP y VOX votaron en contra de su demolición inmediata. Ahora, el Ayuntamiento tendrá solo seis meses para ejecutarlo o el Estado actuará de forma subsidiaria.

Monumento en Majadahonda

En Majadahonda, el objetivo es el Monumento a los Caídos Rumanos, que honra a combatientes de la Guardia de Hierro que lucharon junto a las tropas nacionales durante la Guerra Civil.

El ministro Ángel Víctor Torres lo ha calificado de exaltación del fascismo europeo, obviando el contexto histórico de una época donde Europa vivía convulsiones ideológicas profundas.

Primo de Rivera

En Murcia y Almería, se ordena eliminar inscripciones en las catedrales que mencionan a José Antonio Primo de Rivera con la frase «¡Presente!» o el yugo y las flechas, símbolos que forman parte del patrimonio religioso y cultural de estas diócesis.

Esta purga selectiva forma parte del catálogo de «elementos contrarios a la Ley de Memoria Democrática», que según el Gobierno aún incluye alrededor de 4.000 vestigios. Una ley que, en la práctica, se utiliza como arma política para dividir a los españoles entre vencedores y vencidos de una guerra que terminó hace casi 90 años.

Memoria para las víctimas de ETA

Mientras tanto, problemas acuciantes como la detención reciente en Almería de un presunto homicida magrebí huido de Francia por un ajuste de cuentas narco, o la oleada de inseguridad en barrios de toda España, quedan relegados a un segundo plano. ¿Dónde está la «memoria democrática» para las víctimas del terrorismo de ETA, los españoles olvidados por las políticas de fronteras abiertas o las familias que sufren la delincuencia diaria?

La izquierda, atrincherada en su relato único, pretende borrar cualquier vestigio que no encaje en su visión sesgada de la Historia. Franco modernizó España, sacó al país de la ruina de la posguerra, impulsó el desarrollo económico del «milagro español» y sentó las bases para la transición a la democracia. Borrar sus monumentos no borra los hechos: España pasó de ser un país devastado a una potencia emergente. En cambio, el actual Gobierno deja un legado de división, deuda desbocada, dependencia energética y una inmigración que genera tensiones sociales evidentes.

Patrimonio común

VOX y sectores del PP han denunciado esta deriva como un ataque a la reconciliación nacional y al patrimonio común. Es hora de defender la Historia completa de España, no solo el capítulo que conviene a la narrativa progre. Los españoles no quieren más derribos ideológicos pagados con sus impuestos; exigen seguridad, empleo, fronteras controladas y un Gobierno que mire al futuro en lugar de obsesionarse con demoler estatuas.

Esta decisión no es neutral: es un ejercicio de propaganda que busca imponer una memoria oficial y castigar cualquier disidencia histórica. Frente a ello, las fuerzas patrióticas deben alzar la voz para preservar el legado de una nación milenaria, que no se reduce a los dogmas del Sanchismo. España no se construye borrando su pasado, sino honrando su complejidad y uniéndose en torno a lo que realmente importa hoy: la supervivencia cultural y la prosperidad de sus ciudadanos.