El Gobierno de Pedro Sánchez no necesita esperar a que los consulados culminen la nacionalización exprés de cientos de miles de descendientes de españoles para que la llamada Ley de Nietos tenga un impacto directo en las urnas.
Basta con mirar los resultados del 23-J para comprobar que hasta 13 escaños se decidieron por un margen inferior a 3.000 votos. Dos de ellos se resolvieron con menos de 500 sufragios y otros siete por debajo de los 2.000.
Este dato, extraído del escrutinio de las últimas elecciones generales, pone de manifiesto la enorme vulnerabilidad del sistema electoral español ante un posible influjo masivo de voto exterior (CERA) promovido por el Ejecutivo socialista.
En provincias donde el último diputado se disputa por un puñado de papeletas, cualquier alteración significativa del censo de residentes en el extranjero podría ser decisiva.
La Ley de Memoria Democrática, vendida como un gesto “reparador”, se ha convertido en la práctica en una herramienta de ingeniería demográfica con claros objetivos electorales. Al facilitar la obtención de la nacionalidad a nietos e hijos de exiliados —muchos de ellos sin vínculo real con España—, el Gobierno multiplica el censo CERA en un momento en que los bloques políticos están muy igualados.
En circunscripciones de tamaño medio o pequeño, donde cada escaño cuenta, unos pocos miles de nuevos votantes podrían voltear el resultado a favor del bloque de izquierdas. Ya en el 23-J el voto exterior demostró su capacidad para inclinar la balanza en distritos clave, como quedó patente en Madrid.
Desde la oposición, el PP y VOX llevan meses alertando de esta maniobra. Mientras Sánchez acelera los trámites y relaja los requisitos, miles de nuevos “electores” se incorporan a un censo que, en la práctica, resulta mucho más favorable a la izquierda según los patrones de voto observados hasta ahora en las autonómicas.
El análisis de ABC es claro: no hace falta una avalancha de nacionalizaciones completas. Con los márgenes tan ajustados que ya existen, un aumento moderado pero concentrado del voto CERA sería suficiente para modificar el color de varios escaños y, potencialmente, el color del próximo Gobierno.
La pregunta ya no es si la ‘Ley de Nietos’ tendrá impacto electoral, sino cuánto y en qué provincias terminará decidiendo el futuro de España.
