Sanidad atendió a más de 1,2 millones de inmigrantes irregulares en 2024

Más del doble de los que el Gobierno de Sánchez estimó para su regularización masiva
España04 de julio de 2026 J. Bird

Una respuesta parlamentaria del Ministerio de Sanidad revela que el Sistema Nacional de Salud (SNS) atendió en 2024 a 1.224.576 extranjeros sin papeles, una cifra que supera ampliamente la estimación inicial del Ejecutivo para el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes.

Según los datos facilitados al Congreso a petición de VOX, estos inmigrantes irregulares figuran en la Base de Datos de Población Protegida del SNS bajo la categoría de “personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes”. Esta clasificación les permite acceder a la asistencia sanitaria pública, un derecho recuperado por el Real Decreto-ley 7/2018.

La cifra contrasta fuertemente con la previsión que manejó el Ministerio de Inclusión, liderado por Elma Saiz. En abril, el presidente Pedro Sánchez señaló que la regularización beneficiaría a “casi 500.000” personas. Sin embargo, los registros sanitarios duplican esa estimación y se acercan a los cálculos internos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que preveían alrededor de 1,25 millones de afectados.

Al cierre del plazo de solicitudes, el propio Gobierno reconoció más de 1,17 millones de peticiones, lo que confirma que la dimensión real del proceso ha sido muy superior a la comunicada inicialmente.

Falta de planificación y transparencia

Esta discrepancia ha generado críticas sobre la planificación y transparencia del Ejecutivo. El Consejo de Estado ya cuestionó la metodología empleada en la memoria del real decreto, alertando sobre posibles “coladeros” y la falta de rigor en las previsiones. Por su parte, el Tribunal Supremo ha activado un procedimiento para elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con el fin de determinar si una regularización de esta magnitud es compatible con el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo.

El Gobierno defiende la legalidad del proceso y recuerda que la competencia en materia de regularización corresponde a los Estados miembros. No obstante, la brecha entre las cifras oficiales de diferentes ministerios pone de manifiesto las dificultades para dimensionar con precisión un fenómeno de gran complejidad.

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