El Gobierno de la Región de Murcia prepara un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo contra la capacidad de acogida de menores migrantes no acompañados fijada por el Estado. La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, llevará este jueves al Consejo de Gobierno la propuesta de impugnar el Real Decreto 556/2026, que establece para la Comunidad una capacidad ordinaria de 553 plazas.
La cifra supone 36 plazas más que las 517 establecidas en 2025, un incremento cercano al 7%. El cálculo forma parte del sistema estatal creado para determinar anualmente la capacidad ordinaria de cada comunidad autónoma y servir de referencia en los mecanismos de redistribución cuando se declara una contingencia migratoria extraordinaria.
La fórmula prevista en la Ley de Extranjería toma como referencia la población de cada territorio y el número máximo de menores extranjeros no acompañados atendidos por el conjunto del sistema de protección español. Para 2026, el Gobierno ha fijado una capacidad total de 17.081 plazas en el conjunto de comunidades y ciudades autónomas, frente a las 16.016 del ejercicio anterior.
Ejecutivo regional sostiene que la cifra asignada no refleja la disponibilidad real de plazas y que nuevos traslados aumentarían la presión sobre unos recursos que considera ya sobreocupados. La Comunidad ya recurrió ante el Supremo el Real Decreto aprobado en agosto de 2025, que fijaba entonces su capacidad en 517 menores, alegando que la fórmula afectaba a sus competencias en materia de protección de menores.
El Gobierno central, por su parte, defiende el mecanismo como una fórmula de distribución entre territorios ante situaciones de presión migratoria extraordinaria. La normativa aprobada en 2025 introdujo además un fondo estatal destinado a compensar los costes derivados de la sobreocupación y de los traslados.
En julio, el Consejo de Ministros aprobó asimismo una propuesta de reparto de 35 millones de euros para la acogida de menores migrantes no acompañados, de los que alrededor de 1,36 millones correspondían a la Región de Murcia, destinados a gastos de acogida, escolarización, apoyo psicosocial e inclusión, entre otros conceptos.
La consejera defendió que cualquier retorno debe ajustarse a la legislación y al principio del interés superior del menor, y recordó que la Comunidad Autónoma no tiene competencias para negociar directamente con Marruecos. También afirmó que la Administración regional ha logrado que se archiven cerca de uno de cada cinco traslados propuestos al considerar que no estaba suficientemente acreditado que respondieran a ese principio. Esta última cifra procede del balance ofrecido por la propia Consejería.
La disputa entre administraciones vuelve a los tribunales mientras continúa la aplicación de un sistema que obliga a las comunidades a garantizar la protección de los menores que queden bajo su tutela, con independencia de su nacionalidad o situación administrativa.
