El magistrado Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ha imputado a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda González, junto a una veintena de altos cargos de empresas públicas y privadas por su presunta implicación en los amaños de contratos públicos vinculados a la denominada “trama Leire Díez”, según un auto al que ha tenido acceso La Razón.
La decisión judicial responde a una petición de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó cambiar la condición procesal de varios implicados tras detectar indicios de delitos de organización criminal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de caudales públicos y uso de información privilegiada. Todos ellos serán citados para declarar en las próximas semanas.
El Ministerio Público apunta directamente a Gualda por su papel en la aprobación del rescate público de Tubos Reunidos, una operación de 112 millones de euros financiada a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Según el auto, la presidenta de la SEPI habría mantenido contactos con el CEO de la compañía, Francisco Vicente Irastuza, para garantizar la aprobación del expediente por parte del consejo asesor del fondo.
La Fiscalía sostiene que en julio de 2021 se celebraron reuniones “a nivel político” en las que participaron Gualda y otros responsables del ente público con el objetivo de agilizar la tramitación de la ayuda temporal. Finalmente, el Consejo Gestor del FASEE aprobó la operación el 13 de julio, y el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez la ratificó una semana después.
En la lista de nuevos investigados figuran nombres relevantes del sector público y empresarial: el expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga; el director del FASEE, Julián Mateos Aparicio; el exinterventor general de Andalucía, Miguel Ángel Figueroa; la directora del área de Participadas de la SEPI, Rosario Martínez Manzanedo; el expresidente de Mercasa, José Ramón Sempere; y la presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, Concepción Ordiz.
También aparecen implicados el catedrático de Derecho Administrativo Juan Antonio Carrillo Donaire, del bufete sevillano SdP Estudio Legal SLP, y el asesor fiscal Carmelo Aznárez Pellicer, además de varios exdirectivos de Acciona, Forestalia y Tubos Reunidos. La Fiscalía describe un entramado que habría operado mediante “intermediación ilícita en la contratación pública”, aprovechando relaciones personales y acceso a información privilegiada para influir en decisiones administrativas y canalizar ayudas financieras.
El juez Pedraz asume en su resolución que los indicios apuntan a una “dinámica continuada de intermediación ilícita” en la que los principales investigados —el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, la exmilitante socialista Leire Díez, el secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y el empresario navarro Antxon Alonso, dueño de Servinabar— habrían actuado como nexos de influencia entre intereses privados y decisores públicos.
La investigación se centra en cinco operativas: las relacionadas con Mercasa, Enusa, el rescate de Tubos Reunidos, el expediente del Pepa y el grupo Forestalia, todas ellas caracterizadas por un mismo patrón de actuación: detectar oportunidades de intervención en procedimientos administrativos de relevancia económica y manipular decisiones públicas para obtener contraprestaciones económicas directas o a través de sociedades interpuestas.
Con esta nueva imputación, el caso da un salto cualitativo y se amplía el círculo de investigados dentro de la “trama Leire Díez”, que ya afecta a altos cargos del Gobierno y a empresarios vinculados al sector energético y de infraestructuras. Las declaraciones se celebrarán en las próximas semanas en la Audiencia Nacional, donde se espera que la Fiscalía concrete las responsabilidades individuales y las conexiones entre los distintos frentes de la investigación.
