El Tribunal Supremo ha dado un paso que podría afectar al proceso extraordinario de regularización de inmigrantes promovido por el Gobierno de Pedro Sánchez. La Sala Tercera aprecia posibles incompatibilidades entre esta medida y el nuevo Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, por lo que estudia la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
De prosperar esta iniciativa, el procedimiento podría quedar suspendido temporalmente hasta que el tribunal europeo determine si la normativa española se ajusta al marco legal comunitario.
La actuación del Supremo llega tras los recursos interpuestos por los gobiernos autonómicos de la Comunidad Valenciana y Aragón contra el real decreto que regula esta regularización extraordinaria.
Antes de adoptar una decisión definitiva, el Alto Tribunal ha concedido a las partes implicadas un plazo de cinco días para presentar alegaciones sobre la conveniencia de trasladar la cuestión al TJUE, encargado de interpretar el Derecho de la Unión Europea.
El decreto entró en vigor el pasado 14 de abril y ha generado una demanda muy superior a la prevista por el Ejecutivo. Según los datos disponibles, más de 1,2 millones de personas han presentado solicitudes para acogerse al proceso, una cifra que duplica ampliamente las estimaciones iniciales del Gobierno, que calculaba alrededor de 500.000 posibles beneficiarios.
Diversas organizaciones y entidades, entre ellas el Sindicato Unificado de Policía (SUP), ya habían advertido de que el volumen real de solicitudes podría superar ampliamente las previsiones oficiales.
En su análisis preliminar, los magistrados identifican varios aspectos que podrían entrar en conflicto con la legislación europea vigente.
Aunque el reglamento europeo todavía no era plenamente aplicable cuando se aprobó el decreto español, sí se encontraba ya formalmente en vigor. El Supremo considera que esta circunstancia podría afectar a la validez de aquellas disposiciones nacionales que resulten incompatibles con el futuro marco comunitario.
Otro de los puntos analizados afecta a quienes han solicitado protección internacional o asilo. La normativa europea reconoce a estas personas el derecho a permanecer en el país mientras se resuelve su expediente, pero no contempla automáticamente la concesión de un permiso de residencia.
Los magistrados cuestionan que el decreto permita transformar esa situación de permanencia temporal en una autorización de residencia ordinaria e incluso facilite el archivo de procedimientos de expulsión.
La Sala también examina la posible incompatibilidad con la Directiva de Retorno de la Unión Europea. Esta norma establece que los ciudadanos extranjeros en situación irregular deben estar sujetos a una resolución de retorno, salvo determinadas excepciones.
Según el Supremo, la regularización impulsada por el Gobierno podría constituir una vía generalizada para obtener permisos de residencia sin encajar en los supuestos previstos por la legislación comunitaria.
Los jueces destacan igualmente la importancia del principio de cooperación leal entre los Estados miembros. Dado el alcance de la medida, consideran relevante determinar si existió una comunicación adecuada con la Comisión Europea y con el resto de países de la Unión antes de poner en marcha el proceso.
La entrada en vigor del nuevo Pacto de Migración y Asilo ha introducido mecanismos comunes de solidaridad y gestión migratoria dentro de la UE. El Tribunal plantea si este nuevo modelo limita o condiciona la capacidad de los Estados para aprobar regularizaciones masivas de manera unilateral.
Por último, el Supremo señala que las personas regularizadas pueden obtener el derecho a desplazarse hasta 90 días por el espacio Schengen. Esta circunstancia genera dudas sobre su encaje con el Código de Fronteras Schengen y sobre la coordinación con los demás países que podrían verse afectados por la medida.
No es la primera vez que la justicia analiza este proceso. El pasado 22 de mayo, el Tribunal Supremo rechazó suspender cautelarmente la regularización tras una solicitud presentada por la Comunidad de Madrid y VOX.
Sin embargo, en esta nueva fase del procedimiento, los magistrados han decidido examinar con mayor profundidad el fondo del asunto y consideran que existen suficientes interrogantes jurídicos para valorar tanto la consulta al TJUE como una posible paralización del proceso.
La controversia también ha trascendido el ámbito judicial y ha llegado a las instituciones europeas. Durante una reciente reunión del Consejo Europeo, varios líderes comunitarios expresaron sus reservas sobre la regularización impulsada por España.
Entre las voces críticas destacó la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien afirmó que una medida de estas características puede tener consecuencias para otros Estados miembros. A esta posición se sumaron también la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, así como representantes políticos de Hungría y Bélgica.
La decisión final del Tribunal Supremo sobre la posible consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea será clave para determinar el futuro de la regularización masiva de inmigrantes en España. Si finalmente se plantea la cuestión prejudicial, el procedimiento podría quedar en suspenso hasta que Luxemburgo se pronuncie sobre su compatibilidad con el derecho comunitario.
