El Gobierno de Pedro Sánchez está trabajando contrarreloj para agilizar al máximo la regularización extraordinaria de inmigrantes. El objetivo es conceder el mayor número posible de autorizaciones provisionales antes de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la legalidad del decreto que regula este proceso.
La medida de regularización de inmigrantes se puso en marcha el pasado mes de abril y el plazo para presentar solicitudes finalizó este martes. Sin embargo, el Alto Tribunal ha mostrado serias dudas sobre si este decreto se ajusta al derecho de la Unión Europea. La sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dado un plazo improrrogable de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la conveniencia de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Según fuentes gubernamentales, la estrategia del Ejecutivo consiste en resolver el mayor volumen de expedientes posible en las próximas semanas. Los inmigrantes que obtengan una autorización provisional no se verán afectadas por una eventual suspensión o anulación del proceso, lo que blindaría su situación administrativa.
Esta carrera contrarreloj se produce en un contexto de fuerte presión judicial y política. El Supremo ya había advertido en un auto reciente que la regularización masiva podría vulnerar la normativa europea, lo que ha generado un intenso debate sobre la idoneidad de la medida.
Críticas desde la oposición y sectores jurídicos apuntan a que el Gobierno está priorizando la velocidad sobre el rigor legal, con el riesgo de generar un efecto llamada de inmigrantes y sobrecargar los servicios administrativos. Además, se suma a las alertas de la Policía Nacional sobre el aprovechamiento de las mafias de inmigración, que están facilitando movimientos internos dentro de Europa para beneficiarse de esta regularización.
El Ejecutivo defiende la medida como una herramienta necesaria para ordenar la inmigración, integrar a personas que ya se encuentran en España y cubrir necesidades del mercado laboral. Sin embargo, la inminente decisión del Supremo podría obligar a revisar o incluso paralizar parte del proceso, generando incertidumbre tanto para los solicitantes como para las administraciones autonómicas y locales implicadas en la tramitación.
Este nuevo capítulo vuelve a situar al Gobierno pendiente de los tribunales en materia migratoria, en una estrategia que combina rapidez administrativa con el objetivo de minimizar el impacto de un posible fallo adverso.
